Ya en materia de la reforma electoral, es importante poner en cuestión la política de cuotas impuesta en la ley. ¿Es suficiente la condición de mujer, joven o indígena para integrar una lista electoral? ¿Podrán los partidos cumplir gradualmente –hasta el 2025- con la cuota del 50% de mujeres encabezando listas? ¿Qué harán las organizaciones políticas para cumplir con la cuota del 25% de jóvenes en las listas a sabiendas de que a la mayoría de ellos no les interesa la política partidista, sino el activismo y la espontaneidad? Estas interrogantes nos incitan a una problemática mayor: ¿Desde qué perspectiva los partidos miran la política como profesión?
Por: Alfredo Espinosa Rodríguez*
Es probable que en la república de la farándula estas palabras no sean las “políticamente correctas”, sobre todo para un segmento de la sociedad caracterizado por su cinismo y por lidiar a placer con las dádivas de la corrupción arrojadas por el ‘Arroz Verde’, así como también para el feminismo e indigenismo sectario y bravucón. Sin embargo, es necesario decirlas, en Ecuador la política como profesión y fuente de respetabilidad ha sido sepultada por una transición hacia “cualquier cosa”, cuyo síntoma en la coyuntura nos muestra a un grupo improvisado en el manejo de la cosa pública/electoral que enarbola sin desfachatez su progenitura putativa al reformado Código de la Democracia.
En este contexto, la administración de la política electoral mutó hacia el activismo convenido de la pasarela de modas, circense, posiblemente costosa (apadrinada por las musas de Mocolí) que intentó ganar visibilidad mediática con el uso abusivo de algunas muletillas feministas para contrarrestar el escarnio cotidiano y la desidia absoluta con la decencia, pues basta recordar que tan solo diez meses atrás, para el segmento de mayoría que vive del seno de la democracia, la prioridad era el control de las áreas de influencia central, territorial y digital de la voluntad popular (donde la realidad se construye en base al antojadizo deseo de quien opera una máquina, da un clic o hace un apagón).
Ya en materia de la reforma electoral, es importante poner en cuestión la política de cuotas impuesta en la ley.
¿Es suficiente la condición de mujer, joven o indígena para integrar una lista electoral? ¿Podrán los partidos cumplir gradualmente –hasta el 2025- con la cuota del 50% de mujeres encabezando listas? ¿Qué harán las organizaciones políticas para cumplir con la cuota del 25% de jóvenes en las listas a sabiendas de que a la mayoría de ellos no les interesa la política partidista, sino el activismo y la espontaneidad?
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Estas interrogantes nos incitan a una problemática mayor: ¿Desde qué perspectiva los partidos miran la política como profesión?
La política como medio y no como fin nos encaminaría a pensar en que por encima del romanticismo que hay detrás de las cuotas político-electorales de género, étnicas o etarias; los partidos deben enfocarse en su democratización radical y en su des-patriarcalización con procesos de democracia interna que generen más certezas que cuestionamientos entre sus afiliados y adherentes, pues no se trata de sustituir un patriarca por una matriarca que ejecute las prácticas rancias de la politiquería.
Aquí otra interrogante: ¿Cómo asegurar que mujeres, jóvenes e indígenas no sean “usados” para encabezar listas en zonas donde sus organizaciones no tienen mayor influencia electoral? Si ocurriera esto, el segmento de hombres blanco-mestizos continuaría dominando la política y la presencia de los grupos vulnerables sería anecdótica tanto en la ley como en la práctica. ¿Cómo garantizar que los partidos opten por las candidatas y candidatos más capaces y que la política de cuotas electorales no resulte ser la consagración de más mises, talentos de televisión y jóvenes “marionetas” en calidad de agenciosos alza manos de los dueños de los partidos?
Las mismas taras que por más de dos décadas fueron cuestionadas por los analistas políticos, académicos, la sociedad civil y los propios integrantes de los partidos pueden replicarse con nuevos rostros. No obstante, esto no significa que no se deba propiciar una mayor presencia de mujeres, jóvenes e indígenas en la vida electoral y política del país. Por el contrario, la presencia de este segmento de la sociedad al interior de los partidos debe ser profesional y no improvisada como aquel experimento del voto optativo, introducido con embudo en el Código de la Democracia por algún mal pensado que creyó que los jóvenes de 16 a 18 años expresarían en las urnas el mismo comportamiento que demuestran en las calles cuando protestan. Nada más alejado de la realidad.
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Las mismas campañas de los jóvenes al interior de sus instituciones educativas oscilan entre el clientelismo pueril y embrionario, y las restricciones para que los pocos interesados en política puedan practicarla libre de cortapisas y la tozudez de las autoridades educativas. ¿Se quiere más jóvenes en política e incluso jóvenes votantes informados, pero se restringe el ingreso de esta a las instituciones educativas? ¿Dónde está el debate político entre jóvenes o con la presencia de ellos sobre los temas de coyuntura nacional e internacional? Al parecer nos encontramos con un derecho con vacío de calidad.
Si bien es cierto la reforma electoral al Art. 331. B, sostiene que: “El 60% de los recursos del Fondo Partidario Permanente se destinarán para capacitación, formación, investigación y publicación. De ellos el 20% se orientará hacia grupos discriminados. Sólo el 30%, como límite máximo, de los ingresos provenientes en el Fondo será para gastos administrativos”. Los procesos de formación y capacitación política no deben ceñirse a la mera aprobación presencial o digital de asistencias a talleres que luego culminan con la entrega de certificados. El trabajo de campo, la formación académica y el liderazgo merecen valoraciones cualitativas y oportunidades para ingresar en la arena electoral interna y externa a los partidos por fuera de los cánones de la cantidad y el bulto.
Las nuevas reglamentaciones para controlar los gastos de campaña y palear la corrupción marcan la ruta hacia un desafío importante para los ejecutores fedatarios de las acciones de transparencia electoral.
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Pero hay que tener los pies sobre la tierra, dos conspicuos fiscalizadores, testigos y protagonistas de la transición a la democracia no serán suficientes (aunque redoblen esfuerzos) para cambiar la historia de la exculpación al Arroz Verde si los operadores correístas herederos (con cargo y sueldo) de Juan Pablo Pozo continúan en el poder apadrinados por una vieja tradición burocrática de cuestionable apelativo “socialista” o travestidos de multicolor. Todos ellos son una mezcla de familias, parejas, pipones y agenciosos censuradores a sueldo.
Estos nuevos entenados de los progenitores putativos de la reforma electoral son el principal problema que coarta la posibilidad de tener certezas en cuanto a la aplicación y acción eficiente de la norma electoral para evitar que los arroces verdes cambien de color y se diga, pese a ello, que todo está bien.
Nuevos desafíos se abren camino y con ellos nuevas pugnas, unas por la defensa de la democracia y la respetabilidad del país; otras por la glotonería del poder. Los actores están bien definidos, los que trabajan y viven para la política versus los otros, quienes simplemente viven de ella.
Frente a este escenario, los partidos y sus dirigencias tienen una tarea histórica irrenunciable si desean salir del espacio de demonización en el que han entrado por cuenta propia.
*Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.
