Fotografía: UNASUR
Los comentarios y ataques dirigidos contra el movimiento indígena, concretamente la CONAIE, tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, de entregar la sede de la UNASUR a la “Universidad indígena” ponen en evidencia el nivel de violencia política latente que los sectores de poder mantienen contra todo espacio social y político de los sectores populares.
Por Floresmilo Simbaña[1]
Lenin Moreno, inmediatamente después de ser juramentado como presidente lanza la iniciativa de “diálogo nacional” como mecanismo para diferenciarse de su antecesor y mentor Rafael Correa, con el objetivo de crear consensos, evitando la confrontación, y abrirse un espacio político propio. Conforme fueron avanzando los diálogos, rápidamente fue evidenciándose desde donde quería construir ese espacio propio, pues con los sectores que primero se sentó a dialogar y creó comisiones gubernamentales multisectoriales con este propósito fue con el empresariado y los viejos partidos de derecha. Las organizaciones de los sectores populares tenían que hacer fila y esperar.
Las organizaciones populares aceptaron ir al dialogo. Esta actitud tal vez resulte difícil de entender si no se tiene en cuenta que salieron del periodo correista bastante debilitadas, ya que todas recibieron duros golpes durante los diez años el régimen liderado por Correa, quien implementó una campaña sistemática de desacreditación a través de los medios de comunicación nivel nacional e internacional, se judicializó a los dirigentes de base en los conflictos mineros y petroleros, se atacó la institucionalidad organizativa mediante quita de sedes, anulación de personerías jurídicas, amedrentamiento y cooptación de las organizaciones a cambio de “obra pública”, etc. En esta precaria situación tenían poco espacio para la acción política, se movían y siguen moviéndose en un callejón que se estrechaba cada vez más. En esto no hay que dejar de lado los errores propios cometidos por las organizaciones, como la ambigüedad política de sus últimas posiciones. Consientes, en alguna medida, de esta situación, ven en la promesa de diálogo una posibilidad de “respiro” necesario que pueda permitir ciertos niveles de reagrupamiento organizativo y político. Es así que la CONAIE y el gobierno nacional inician el 4 de julio del 2017 un largo proceso de diálogo en busca de salidas a los muchos conflictos abiertos en el periodo del gobierno de Rafael Correa. La CONAIE luego de algunas consultas a sus organizaciones de base, elabora una propuesta para los diálogos, el documento es conocido como el “Mandato urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural”, en él fijan sus objetivos.
En el “Mandato Urgente” la CONAIE plantea cuatro objetivos nacionales para los diálogos: sentar las bases para una real construcción del Estado Plurinacional; abandono progresivo del extractivismo y el impulso de una economía basada en la soberanía alimentaria y la pequeña y mediana producción; cumplimiento y respeto de los derechos humanos, cese de la criminalización de la lucha social, fortalecimiento de los mecanismos de democracia activa de la sociedad; y, combate a la corrupción. Ante esta propuesta concreta de la organización indígena, el gobierno no presenta más que la promesa abstracta y ambigua de “diálogo y fin de la confrontación”. Más allá del discurso oficial del presidente, en la práctica los ministros, viceministros y demás funcionarios del gobierno en las mesas de dialogo ofrecían pocos espacios de apertura; era evidente el poco interés de tratar los temas de interés estructural y nacional. Esto llevó a la CONAIE a poner en duda la continuidad del diálogo; sin embargo, las asambleas de la organización decidieron mantener el proceso y ejercer presión mediante movilizaciones, demandando poner los temas nacionales como prioridad.
Pasaron los meses e infinidad de mesas de trabajo, pero el gobierno siguió mostrando poca apertura política real. De tal suerte que el diálogo se fue concentrando en uno de los puntos planteados por la CONAIE: la educación intercultural bilingüe y la reapertura de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, ambas cerradas por el gobierno de Correa. Finalmente, estos dos temas se concretan mediante la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y la promulgación del Decreto Ejecutivo 445 respectivamente. Este último fue firmado en la ciudad de Latacunga, en medio de un acto masivo para el que la CONAIE convocó a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, al que también asistieron muchas organizaciones sociales. Aquí es donde el presidente Moreno anuncia que el edificio de la UNASUR será entregado a la “Universidad Indígena”, desatándose la histeria de los políticos y la prensa afines a los sectores de poder.
Más allá de los discursos, insultos e indignación de los “ofendidos” con el anuncio presidencial, se debe tener presente por lo menos los siguientes aspectos:
- Si bien el caso del edifico de la UNASUR desnudó el racismo de muchos, especialmente de los grupos de poder, los criterios tras el anuncio unilateral del presidente Moreno resultan hasta anecdótico, por decir lo menos, pues se está discutiendo sobre falsos: la Universidad es Intercultural, no indígena, en razón de su propuesta y de su visión epistemológica, pedagógica y administrativa. Calificarla de “Universidad Indígena” solo devela el desconocimiento, el prejuicio, pero sobre todo la intencionalidad política de deslegitimar al movimiento indígena sostenida por los sectores políticos conservadores. Entregar el edificio a la Universidad no es, en principio, una demanda de la CONAIE, fue una declaración unilateral del presidente Moreno; en todo caso, ante la propuesta hecha de deberá evaluar si un edificio de esas condiciones está acorde con el modelo pedagógico y administrativo propuesto por la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y, sobre todo, la posición deberá surgir de una decisión colectiva.
- Aquellos criterios de que aceptar el edificio convierte a la CONAIE en cómplice de la disolución de la UNASUR resultan ridículos. La CONAIE saludo la creación de este organismo de integración, pero también criticó que la propuesta de integración sudamericana quede solo como una instancia entre estados, y deje de lado todo mecanismo para una integración de los pueblos. Ya son alrededor de dos años en que Ernesto Samper, el último Secretario General de la UNASUR abandonó el edificio y desde entonces no se ha podido elegir su sucesor. Esta situación tienen que ver mucho con las actuales posiciones de los nuevos gobiernos de derecha de la región, más la intención de EE.UU. de bloquear toda iniciativa de unidad, pero también obedece a la falta de empeño efectivo para su consolidación e funcionamiento institucional por parte de los gobiernos progresista que no lo hicieron cuando tuvieron las condiciones óptimas para hacerlo. Actualmente el edificio está en la práctica abandonado.
- Lo que realmente debe preocuparnos son los niveles de conflictividad y violencia política, y seguramente social, que están demostrando imponer los sectores de poder. Pese al espejismo creado con las alianzas anticorreístas, ellos tienen muy claro que su objetivo es implantar el neoliberalismo en una nueva fase, y para ello la sociedad organizada les estorba. Quienes creyeron, y siguen creyendo, que el anticorreismo es un paréntesis de distensión del conflicto político entre el sector popular y los empresarios, no hacen más que construir una fantasía, un completo autoengaño. La violencia con que protestan quienes consideran que la entrega del edificio “es una pésima idea”, o que es un “ejercicio del poder tan clientelar, demagógica y oportunista,” que es un “un gasto excesivo”[2] para el Estado, debería servir para releer la situación y dimensionar el nivel de conflictividad existente y que puede llegar a ser, quizá así tomen conciencia de la necesidad de cambiar la estrategia política tanto frente al gobierno como, y sobretodo, ante los políticos representantes de los grupos de poder. Esto debería ser urgente, pensando incluso en el proceso electoral que se avecina. De seguir así, no será de extrañarse que los resultados electorales favorezcan ampliamente a la vieja derecha, a los correistas y, en alguna medida, también al partido de gobierno y a lo que se agrupe en derredor de ellos.
- La posición que han adoptado los sectores de la vieja derecha, incluido los medios de comunicaciones afines, y los correistas, si bien comparten iguales criterios, pero como dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones: “no es lo mismo pero es igual”. Son iguales en tanto ambos sectores quieren a las organizaciones sociales débiles y fuera del Estado; además de compartir parecidos prejuicios y desconocimientos, son diferentes, y esto es lo fundamental, en tanto que la vieja derecha ataca a los sectores populares organizados porque son o pueden ser un obstáculo para la ampliación del libre mercado, la libre acumulación y un Estado reducido y funcionalizado, en cambio los correistas ven en las organizaciones un límite y amenaza a su dogmático entendimiento del Estado como único ámbito de lo político y de lo público. Por lo tanto la estrategia frente a ellos no debe ser la misma.
Entonces, más que pensar en qué tan racistas y eurocéntricos son la derecha, los correístas y otros más, deberíamos estar debatiendo las implicaciones políticas que contienen, no solo en lo que a las propuestas se refiere, sino también a la estrategia política a definir. Para esto es también necesario una real conciencia de la situación política organizativa interna del campo popular en miras de procurar una reconducción general.
En esta misma dirección debemos evaluar y redimensionar los diálogos CONAIE-Gobierno. Estos no deben centrarse solamente en los elementos operativos de los resultados inmediatos, sino revisar si con ellos se está permitiendo un reposicionamiento de la CONAIE tanto al interno de las comunas, pueblos y nacionalidades como en el conjunto la sociedad ecuatoriana. Quizá la problemática que mayor atención debe demandarnos es el espacio vacío dejando en la política nacional. Los diálogos nos han reducido a discutir temas específicos. El desafío es cómo mantener esa dialéctica de sostener temas específicos y nacionales al mismo tiempo, como una estrategia global; esa es la razón de ser de al CONAIE, porque los problemas que enfrentan los pueblos indígenas provienen “fundamentalmente (de) un problema económico-político estructural, y por lo mismo (de) un problema nacional”[3] .
Dado el nivel acelerado y conflictivo de la coyuntura política que estamos viviendo y de la precaria y ambigua situación y actitud de las organizaciones sociales, incluido el movimiento indígena, se hace urgente abrir espacios de debate sobre el rumbo que se está llevando y, sobre todo, respecto a las posibilidades que tenemos a futuro.
[1] Ex dirigente de la CONAIE.
[2] Artículo de Martin Pallares: https://4pelagatos.com/2018/07/09/entregar-el-edificio-de-unasur-a-la-conaie-es-pesima-idea/
[3] Proyecto Político de la CONAIE 1994.
