El plebiscito en Chile: Casi 8 de cada 10 chilenos han dicho ayer que era necesario un cambio constitucional. Esto, sin embargo, no es consecuencia de una imprevista voluntad de cambio en la sociedad chilena a partir de las manifestaciones del año pasado, sino de décadas de desigualdad económica y política acumuladas. Desigualdad que la clase política y los medios han pasado por alto.
También los chilenos y chilenas acudieron a las urnas para responder a dos preguntas históricas. La primera de ellas ha sido «¿Quiere usted una nueva Constitución?», a la cual han respondido «Apruebo» un aplastante 78% de votantes. La segunda pregunta, igual de crucial, indicaba la naturaleza del órgano constituyente: 100% electo, o mixto (con un 50% de actuales diputados). De la misma manera, el 79% se ha pronunciado por un órgano con un 100% de «convencionales» electos.
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Además, el hecho de que sea una «Convención» y no una «Asamblea» constituyente no es menor. Entre otros elementos, las diferencias principales residen en el alcance y la soberanía del órgano constituyente. Por ejemplo, la Convención se encargará únicamente de elaborar una nueva carta constitucional, pero no tendrá plenos poderes, funcionará durante la presidencia de Piñera y todas las instituciones del estado actuales. Además, la Convención requiere 2/3 de quórum para aprobar un texto constitucional, lo que significa un fuerte poder de veto para los sectores conservadores que, aún sin tener la mayoría, pueden evitar cambios profundos en la estructura social y económica chilena.
Finalmente, se realizará con la actual ley de partidos políticos chilena, por lo que los menores de 18 años (justamente quienes iniciaron las revueltas hace un año evadiendo pagar los billetes de metro) no pueden participar, así como tampoco los dirigentes sindicales y sociales; y los acuerdos y tratados internacionales no se podrán modificar, lo que incluye a los tratados de libre comercio que actualmente mantiene Chile.
¿Por qué quieren una nueva constitución en Chile?
La actual constitución política chilena se implementó durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, más allá de este ominoso precedente, dado el contexto de aprobación e implementación, tiene otros elementos cuestionados que han justificado la necesidad de cambios, lo que ha allanado el camino hasta el actual plebiscito. Por ejemplo, establece el sistema de libre mercado como principio constitutivo del estado, sin proteger a los servicios básicos como salud, educación o jubilaciones. Además, el sistema electoral binominal (modificado en 2018), y el sistema de senadores vitalicios y designados, impedía que se conformen mayorías opuestas al régimen pinochetista, con el objetivo de que no se puedan producir cambios bruscos en la política chilena.
Estos y otros elementos han tenido al sistema político chileno en una paradoja. Mientras Chile goza de los mejores indicadores de calidad democrática en América Latina junto a Costa Rica y Uruguay, y de un crecimiento económico sostenido y estable, la desigualdad económica ha sido ignorada largamente y ello ha impactado directamente en la satisfacción de la gente con la democracia y el sistema político. Exceptuando los años 2009 y 2010, desde hace casi un cuarto de siglo (cuando existen datos), la mayoría de chilenos y chilenas están insatisfechos con la democracia en su país. Estos números están muy lejos de los países con los que comparte podio en calidad democrática.
Pero incluso la calidad de la democracia chilena ha sufrido este mal durante el mismo período de tiempo. Los componentes igualitario y participativo de la democracia en Chile están casi 30 puntos por debajo de los indicadores institucionales (liberal, deliberativo y electoral).
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Quizás este volantazo chileno respecto a sus reglas de juego sea una consecuencia de un origen viciado. La gobernabilidad y la institucionalidad chilenas han sido como gigantes con pies de barro, sostenidos más en la misma imposibilidad de cambiar las reglas, antes que en la aceptación y satisfacción con las mismas, lo que en última instancia significa su legitimidad. Desde esta perspectiva, no sorprende tanto este gran apoyo al cambio constitucional, sino más bien suenan las alarmas respecto a lo que los beneficiarios del actual sistema vayan a hacer para mantener las cosas como están, porque ya se sabe: cambiar todo, para que nada cambie.
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Es psicólogo político y está interesado en el comportamiento político, tanto de la ciudadanía como de las élites. Actualmente también desempeña labores como asistente e investigador en Flacso España.
Quito, Ecuador
