La renta básica o morir del Coronavirus o morir de hambre. Ese es el escenario que se le presenta a la mayoría de la población mundial donde la informalidad, la economía del día a día y el conocido emprendedurismo ha eclipsado la crucial función del estado como soporte y organizador de la vida social y económica.
Ante esta realidad el debate sobre la necesidad de implementar medidas como la renta básica universal se abre nuevamente, aunque sea en escenarios de emergencia, como el actual.
La crisis mundial que ha traído el coronavirus COVID-19 ha puesto el dedo en la llaga más dolorosa de las economías a nivel global: la desigualdad. Y lo ha hecho justamente por que el virus no respeta condición económica, social, étnica, ni nada que se le parezca.
Sin embargo, hay quienes pueden soportar el embate que supone el encierro de una cuarentena por el coronavirus y un parón de 30 días (o más) sin trabajar, y hay quienes viven al día y no tienen la misma suerte, y que además son la mayoría.
Los primeros momentos en que azotó la pandemia los más vulnerables fueron los mayores de 60 años. Pero a medida que se toman medidas para reducir la tasa de propagación, la población vulnerable es aquella precarizada que no puede estar un día sin trabajar porque eso significa un día sin comer.
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Son aquellos que no pueden hacer “home office”, son los que no tienen contrato fijo que suspender, que no pueden pagar el alquiler. También aquellos que no pueden siquiera hacer una compra que les permita aguantar una semana de confinamiento. En consecuencia, son familias enteras que deben ser atendidas.
En la dinámica capitalista actual, esta población ha sido históricamente olvidada. Pero son tantos y cumplen trabajos tan necesarios que ahora no se puede mirar a otra parte. Además, son una población que en caso de necesidad extrema puede explotar, salir a las calles rompiendo cualquier restricción epidemiológica solo para buscar la supervivencia. Ante esta realidad es importante darse cuenta del rol del estado para que la sociedad funcione. Y sobre todo las soluciones que puede aportar para contener el embate económico que viene los próximos meses.
Algunos gobiernos del mundo han empezado a optar estrategias de apoyo a esta gran porción de la población, y una de las medidas que se ha puesto sobre la mesa es la aplicación de una renta básica universal (o versiones temporales de una política así). Más de 30 países han propuesto medidas de este tipo para paliar el golpe a la economía de la población que vive al día.
Como afirma Juan Pablo Bocholavsky, el primer tipo de paquetes han consistido en garantizar el suministro de servicios públicos (luz, agua, gas, internet, etc.). En un segundo nivel de medidas, se han implementado prohibiciones de desalojo, de despido, del pago de alquileres, y suspensión de deudas, incluidos los créditos al consumo y de inversión.
El tercer nivel puede implicar directamente la asignación por un período determinado de tiempo de un monto para toda o una parte de la población, con el fin de ayudar a sustentar el largo período sin ingresos que representa el confinamiento por coronavirus COVID-19. Está claro que esta medida sería la más adecuada para ayudar a la población económicamente vulnerable en tiempos de crisis.
La pregunta que siempre salta es el origen de los recursos. En Europa, la Comisión y el Parlamento han autorizado el desembolso más grande de recursos después de la II Guerra Mundial. Estados Unidos ha hecho lo propio y se ha gestionado el envío de cheques a los ciudadanos para que puedan hacer frente a las consecuencias de la crisis.
El panorama para Ecuador es mucho más ominoso. En primer lugar, el precio del petróleo ha caído a mínimos históricos y en segundo lugar, al no tener moneda propia debe buscar recursos en otras partes. Además para completar el cuadro, las autoridades del gobierno han decidido pagar los bonos 2020, dejando de lado la inyección de recursos para suministros sanitarios básicos para enfrentar la pandemia.
Particularmente en este escenario, la necesidad de una renta básica ya no solo debe ser un debate de ideas sino de estrategias de implementación. La escasez y la precariedad, que se han gestionado en el tiempo guardándolas debajo de la alfombra en todos los países, hoy puede explotar en la cara si no se adoptan medidas reales para aplacar la desigualdad, que es el mayor de los problemas del capitalismo.
Las crisis sociales por lo general generan grandes cambios, y este es el momento de darse cuenta de que la precariedad y la informalidad disfrazadas de emprendimiento no son más que condiciones maquilladas de pobreza que deben erradicarse.
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Es psicólogo político y está interesado en el comportamiento político, tanto de la ciudadanía como de las élites. Actualmente también desempeña labores como asistente e investigador en Flacso España.
Quito, Ecuador
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