GINEBRA – Expertas y expertos en derechos humanos de la ONU* expresaron su consternación por la violenta respuesta de las FF.AA ecuatorianas frente a las protestas de este mes contra las medidas de austeridad del Gobierno.
Los hechos
Al comienzo se dijo que al menos ocho personas ecuatorianas fueron reportadas muertas, 1.340 resultaron heridas y 1.192 fueron detenidas. Los detenidos fueron menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad, personas con discapacidad y periodistas.
Durante protestas tras la promulgación de un decreto por el que se eliminaban los subsidios al combustible y otro por el que se instauraba el estado de excepción.
«Seguimos preocupados por el hecho de que la emergencia estatal se haya implementado en previsión de las protestas, y cuestionamos si el Gobierno tenía razones para clasificar la situación como una emergencia pública que, en palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, amenaza la vida de la nación’.
Además, algunas de las restricciones impuestas durante el estado de excepción, como el toque de queda, parecen exacerbar las tensiones y la violencia, lo que pone en tela de juicio su necesidad».
«El elevado número de heridos podría ser un claro indicio de que el uso de la fuerza fue excesivo y en violación de los requisitos de necesidad y proporcionalidad». Eso lo dijeron las expertas y expertos.
Igualmente pidieron al Gobierno investigar todos los usos de fuerza. También todas las muertes ocurridas durante las protestas, Así como examinar si esas muertes pueden ser consideradas como privaciones arbitrarias de la vida.
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Por otro lado las expertas y expertos dijeron que también habían recibido información que indicaba que hubo incidentes de censura y de interrupción de los servicios de Internet y de las redes sociales durante las protestas de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es más, dejaron claro que «El acceso a los servicios de información y comunicación durante las protestas es crucial para el disfrute de varios derechos, en particular la libertad de expresión y la oportunidad de que los manifestantes hagan oír sus demandas y quejas”, dijeron las expertas y expertos.
“Estamos consternados por la respuesta de las fuerzas de seguridad dado que la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas. En particular nos preocupa la militarización de territorios indígenas ya que esto podría violar el derecho a la autodeterminación y a su vez generar más violaciones de derechos humanos”.
También las expertas y expertos acogieron con satisfacción el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y aplauden la decisión del Gobierno de organizar una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que analiza las denuncias de derechos humanos del el 20 de Octubre al 8 de Noviembre.
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Así mismo las expertas y expertos piden a todas las partes que colaboren con la misión del ACNUDH y que además participen en investigaciones rápidas, efectivas, transparentes, independientes e imparciales sobre todas las violaciones y abusos cometidos por FF.AA ecuatorianas en el contexto de las protestas. También subrayan la importancia de establecer un canal permanente de diálogo con los posibles afectados por las medidas de austeridad. Y por ello recordaron la obligación del Gobierno de hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
(*)Las expertas y expertos: el Sr. Michel Forst (Francia),Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanosos; el Sr. David Kaye (Estados Unidos), Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Clément Nyaletsossi Voule (Togo), Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Sra Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas), Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;Sra. Agnes Callamard (Francia),Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sra. Fionnuala Ní Aoláin (Irlanda), Relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismoySr. José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator,Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
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